Tal y como ocurrió el viernes pasado en Zaragoza, el Juzgado de lo Social único de Huesca ha acordado la medida cautelarísima para que en el término de 24 h la DGA provea a todos sus empleados públicos sanitarios (funcionarios, estatutarios y laborales) en centros sanitarios, socio-sanitarios, sociales y en el ámbito de unidades administrativas de Salud Pública y de Servicios Sociales dependientes de ellas, en el ámbito de la provincia de Huesca, de batas resistentes a líquidos o impermeables, protección respiratoria (mascarillas) con eficacia de filtración FPP2 o FPP3, protección ocular anti-salpicaduras o de montura íntegra o un protector facial completo, guantes, gorros, calzas específicas, hidromel o hidroalcohol biocida, y contenedores de residuos de diversos tamaños. 

Con este auto de Huesca la Justicia ha dado la razón a los profesionales sanitarios en las tres provincias aragonesas.