Tal como habían adelantado sus portavoces, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha iniciado acciones judiciales contra la orden del Ministerio Trabajo, publicada el pasado 26 de mayo, por la que se declara incompatible el cobro de una pensión de la Seguridad Social y el mantenimiento de la actividad profesional privada.
La iniciativa, materializada en forma de recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, plantea la nulidad de la medida por “vulneración del principio de seguridad jurídica”, así como por oponerse al principio de “jerarquía normativa”.
Al respecto, los servicios jurídicos de la Confederación aducen que la orden en cuestión es de inferior rango a la Ley 30/95 (sobre Ordenación y Supervisión del Seguro Privado), cuya disposición adicional decimoquinta “deja a salvo la posibilidad de seguir ejerciendo, en determinados casos, la actividad profesional por cuenta propia sin necesidad de causar alta en el RETA, y por ende, de compatibilizar dicha actividad con el cobro de la pensión de jubilación por la actividad por cuenta ajena”.
CESM entiende que la nueva situación, válida a partir del próximo 1 de julio, causará un perjuicio económico irreparable a los médicos afectados, y ello por dos razones: porque la penalización impuesta obligará a cerrar las consultas (no compensará mantenerlas abiertas a cambio de renunciar a la pensión de la Seguridad Social), y porque la restitución del derecho constitucional ahora vulnerado, si se demora en el tiempo, hará difícilmente reversibles los daños causados.
