El 45% de los médicos internos residentes (MIR) que lleguen este año a los hospitales y centros de salud españoles son extranjeros no comunitarios. Y la proporción parece seguro que irá a mayores en la próxima convocatoria anual, si es que no se “racionaliza” una cuestión “que se está yendo de las manos”, según asegura la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), quien se ha hecho eco de la perplejidad que se siente al respecto entre los estudiantes y la profesión.
De hecho, CESM acaba de remitir un escrito (ver archivo adjunto) al Ministerio de Sanidad instándole a que se coordine con las carteras de Educación (y eventualmente con la de Interior) con vistas a reconducir una situación de la que se derivarán consecuencias negativas tanto para los licenciados españoles como para la sociedad en su conjunto.
El problema para quienes siguen estudios en la veintena de Facultades de Medicina que hay ahora en España, es evidente: hace sólo cuatro años tuvieron que competir entre 8.000 aspirantes para conseguir una de las 6.500 plazas que entonces se ofertaron, mientras que en la última convocatoria anual (tuvo lugar el pasado mes de enero) la cifra de candidatos, para 6.900 plazas, se disparó a 13.500.
En cuanto a los efectos en la sociedad, CESM apunta dos argumentos para que los responsables de administrar la marcha de los asuntos públicos reflexionen. El primero es que formar a un estudiante de Medicina cuesta mucho dinero, que sale del bolsillo de todos los ciudadanos. Algunas estimaciones evalúan en el entorno de los 200.000 euros la inversión que la sociedad hace en cada licenciado. Por tanto, una de dos: o se garantiza que los alumnos tendrán razonables garantías de acceder al mercado de trabajo una vez finalicen sus estudios, o bien se cierran Facultades o aulas bajo la premisa de que el déficit de licenciados autóctonos será cubierto con los que vengan de fuera.
Con todo, los problemas que pueden presentarse en el inmediato futuro, no acaban ahí, pues si los políticos deciden no hacer nada para enmendar la situación actual, es razonable esperar que una proporción significativa de los MIR foráneos terminarán ejerciendo la profesión fuera de España, lo que implica que cualquier intento de planificar las necesidades futuras de médicos está seriamente condicionado por esa eventualidad.
Así las cosas, CESM pide al Ministerio que se vuelva a la posición original de las convocatorias MIR, consistente en reservar el 10% para licenciados extranjeros no comunitarios. Siendo aún más concretos, lo que propone es que se revise el apartado c) de la orden en virtud la cual se convocó la última prueba, y a la que califica de “coladero” por permitir el acceso a la prueba “en igualdad de condiciones que los españoles” a todas las personas “de terceros países” con permiso de residencia, trabajo o de estudios.
Es este punto normativo el que ha permitido que para acceder al examen MIR baste ahora con haber iniciado el trámite de homologación del expediente académico y tener un visado de estudios concedido a instancias de una academia privada.
Cuestión distinta de lo anterior son las dudas que existen acerca de presuntas irregularidades en la prueba del pasado mes de enero. CESM no ha podido certificar que los rumores que apuntan a que pudo haber filtraciones de exámenes a través de academias privadas, tengan una base cierta, aunque está receptiva a cualquier prueba que avale tales sospechas.
Más consistentes, en cambio, son las críticas a un sistema de baremación de méritos que podría haber beneficiado a algunos aspirantes con notas muy altas en sus expedientes académicos y sobre las que no existe garantía plena de que se ajusten a los estándares objetivos que tenemos como propios.
A partir de la información manejada por CESM, estamos en condiciones de afirmar que estamos ante una sospecha con cierto fundamento, si bien es preciso añadir acto seguido que no cabe hablar de una adulteración masiva, como pone de relieve el que apenas haya habido diferencias entre las notas del examen y las calificaciones finales (hay 612 españoles entre los 700 que mejor hicieron la prueba, mientras que en la clasificación definitiva, la cifra de autóctonos se queda en 606).
En cualquier caso, el sindicato profesional de médicos solicita que en adelante se extreme la convalidación de expedientes y los baremos de puntuación a que tengan derecho los aspirantes, con el fin garantizar igualdad de condiciones para todos.
