Un auto del Juzgado nº 4 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha suspendido cautelarmente las Resoluciones de la Consejería de Sanidad de Madrid de concesión de la atención sanitaria de los Hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste y del Tajo, los cinco que iban a ser privatizados.

Del auto de suspensión cautelar, que podéis leer completo en el archivo adjunto, llama la atención que el propio magistrado reconozca que “lo que se quiere resaltar es que lo que aquí se impugna es el proceso de privatización en su conjunto…”.

Es así mismo muy elocuente que, en los Fundamentos de Derecho, el auto haga constar que “Al margen de que esta cuestión resulta una incógnita en el momento actual (existen datos sobre países en los que la gestión privada de su sistema sanitario no ha supuesto un ahorro por, entre otros factores, la interposición más operadores) y al margen, también, de que no se entienda bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia, lo cierto es que, en un supuesto tan particular como éste, asiste la duda al plantearse si el interés general se concreta en ese ahorro de costes que proclama la Administración o si, por el contrario, el interés general demanda el mantenimiento del sistema que ahora se pretende cambiar”.

Efectivamente, ¿para qué elegimos a unos gestores que lo primero que plantean es su incompetencia para gestionar?